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El GEM deberá publicar las tarifas del Servicio Concesionado

martes, 11 de enero de 2011
Por: Rosalba Flores Vargas
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Entre el 7 y 17 de febrero, el gobierno mexiquense deberá actualizar y publicar en Gaceta Oficial de Gobierno las tarifas del servicio concesionado de arrastre y traslado en grúa y el pago de derecho de piso y movimientos en depósitos de vehículos o corralones, además de las disposiciones para obligar a los concesionarios a colocar las tarifas oficiales de manera visible en unidades y corralones.

De acuerdo al dictamen de la iniciativa de ley propuesta por el perredista Hugo de la Rosa, para reformar el Código Financiero de la entidad, y publicado el pasado 21 de diciembre del 2010, el gobierno estatal tiene un plazo de 30 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para actualizar y publicar tarifas, por tanto, si son 30 días naturales entraría en vigor a partir del 7 de febrero, pero si son días hábiles, hasta el 17.

El ejecutivo estatal también deberá, a través del Instituto del Transporte, emprender acciones de vigilancia sistemáticas y contundentes para verificar que se cumpla e instrumentar sanciones que impliquen hasta revocación de concesiones en contra de concesionarios que no lo acaten, sobre todo por el cobro de tarifas superiores a las autorizadas.

Ante el hecho de que en el estado de México las empresas con concesión para grúas de tránsito operan sin rendir cuentas ni ser supervisadas por alguna autoridad, además de que no existen tarifas y los depósitos o corralones funcionan con irregularidad al grado de que el robo de autopartes es una práctica frecuente, el diputado Hugo de la Rosa, propuso regularlos, lo cual fue avalado por los legisladores de las diversas bancadas.

Entre los argumentos presentados es que según estimaciones en la entidad operan 34 empresas de grúas, que pudieran contar con 400 vehículos, sin embargo, las concesiones las otorga de forma discrecional la Secretaría del Transporte, pero no hay información sobre los procedimientos para asignarlas, "ni el grado de monopolio que pudiera existir abierta o encubiertamente".

Aunado a ello, funcionan 28 depósitos privados, a donde son trasladados los vehículos que participan en algún incidente vial y el método para obtener el permiso es el mismo que el de las grúas.

En el dictamen se reconoce que es cotidiano el arrastre y traslado de vehículos por la comisión de infracciones, accidentes o sucesos fortuitos, sin embargo, el problema es que la concesión de esos servicios ha propiciado su ejercicio arbitrario, al no contar con mecanismos de regulación sobre su operación y cobro de tarifas.

Si bien el Código Administrativo del Estado de México, determina que los servicios de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos, es un servicio público cuya prestación corresponde al gobierno estatal y éste puede prestarlo de forma directa o a través de concesiones, mientras el Código Financiero establece los derechos por Servicios Prestados por la Secretaría de Transporte, este ordenamiento no contiene tarifas para la prestación del servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos.

Asimismo, aunque los servicios de arrastre y depósito para vehículos que participaron en algún percance de vialidad están reconocidos legalmente como actividades objeto de concesión, el dinero que generan no ingresa a la Tesorería estatal.

Y aunque existe la obligación del prestador del servicio de entregar un comprobante fiscal, el dinero es para los propietarios de las empresas de grúas o de los corralones, de ahí la necesidad de contar con tarifas oficiales emitidas por el propio gobierno estatal y hacer que se respeten.

 

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